IGNACIO CEMBRERO – Madrid

Rabat procesa al director de Al Jazzera y Argel sanciona a las agencias de prensa Reuters y AFP. Los dos “pesos pesados” del Magreb han sancionado a algunos de los principales medios de comunicación extranjeros acreditados en sus respectivas capitales. Primero fue Argel la que retiró sus acreditaciones a los directores de las delegaciones de las agencias de prensa Reuters y AFP y, el viernes, Rabat hizo otro tanto con el responsable de la cadena árabe vía satélite Al Jazeera que además va a ser procesado por difusión de informaciones falsas. Todos los periodistas afectados son árabes.

Al Jazeera informó el sábado que en la “toma” de Ifni, tras una semana de protestas, por miles de antidisturbios hubo seis y diez muertos. Poco antes el presidente del Centro Marroquí de Derechos Humanos, Ibrahim Sebaa, había anunciado que el número de víctimas mortales oscilaba entre una y cinco en esa ciudad que fue española hasta 1969.

La información fue desmentida por las autoridades marroquíes que difundieron un balance oficial de 48 heridos -28 de ellos antidisturbios- y 188 detenidos. La población local acusa a las fuerzas del orden de saquear domicilios y robar objetos de valor cómo joyas y móviles.

El Ministerio de Comunicación decidió el viernes retirar la acreditación de Hassan Rachidi, de nacionalidad marroquí, lo que le impedirá trabajar como periodista. Rachidi ha sido además acusado por la fiscalía, junto con Ibrahim Sebaa, de difusión de falsas informaciones y complicidad. Su juicio se celebrará el 1 de julio.

Rachidi no tiene dudas: “El objetivo es descabezar a Al Jazeera en Marruecos”. El mes pasado ese mismo ministerio suspendió ya la autorización dada a Al Jazeera para poder difundir desde Rabat un telediario nocturno para el Magreb que batía records de audiencia.

En Argel la punición que golpea a Hassan Zenatti, director de la agencia francesa AFP, y al argelino Lamine Chikhi, de la británica Reuters, obedece también a la difusión de informaciones falsas relacionadas con el terrorismo. Son medidas adoptadas, según el titular de Comunicación, Abderrachid Boukerzaza, contra aquellos “que difunden informaciones que afectan a la estabilidad del país y crean un clima de miedo entre la población”.

AFP informó el 8 de junio que el número de víctimas mortales del doble atentado perpetrado contra la empresa francesa Razel en Lakhdaria ascendía a 13, un balance recogido también por otras agencias extranjeras y buena parte de la prensa privada argelina. Al día siguiente el Ministerio de Defensa ?le hubiese correspondido hacerlo al de Interior- lo desmintió. Aseguró que solo habían muerto dos personas, un ingeniero francés y su chofer. Al día siguiente Reuters anunció, citando a una fuente de seguridad, que una explosión en la estación de autobuses de Bouiria había causado 20 muertos. La radio pública argelina lo desmintió y la agencia británica anuló inmediatamente la noticia.

Excepto cuando se trata de atentados de gran envergadura en la capital ?el último fue el 11 de diciembre- las autoridades argelinas no proporcionan balances oficiales de víctimas lo que dificulta la labor de los periodistas. “Los gobernantes argelinos persisten aún en 2008 en querer disimular a la opinión pública lo que le afecta directamente”, asegura el diario El Watan. De ahí que este periódico, y algunos otros rotativos, tachen la doble sanción de “excesiva e inaceptable”.