Por German Jiménez Morales

Medellín

Bien dicen que cada uno habla de la fiesta según le vaya en ella. El dicho aplica a las interpretaciones tan diversas que Gobierno, líderes empresariales y sindicalistas le dan a dos hechos que se han presentado esta semana en la Conferencia Internacional del Trabajo, que se realiza en Ginebra, Suiza.

 

Según fuentes del sector empresarial, que estuvieron presentes en la reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los sindicatos colombianos y norteamericanos hicieron cabildeo en Ginebra para llevarse un punto como este: que Colombia fuera metida en la que se califica como la lista negra de países que son sometidos a una vigilancia especial, por el incumplimiento de normas, convenios o estándares laborales.

De haber sido así, los dirigentes sindicales opositores al Tratado de Libre Comercio (TLC) con E.U. habrían podido llegar a Washington con una prueba de que Colombia no es apta para tener un acuerdo comercial. Los líderes obreros norteamericanos habrían mostrado el cobre, al hablar de un tema que no cabía en esta reunión: El TLC.

Al final, Colombia acumula tres años seguidos, y no dos como dice oficialmente el Gobierno, en que no queda metida en la lista negra, una condición que soportó durante 22 años.

Los que sí quedaron cobijados allí son: Bangladesh, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, República Checa, República Dominicana, Egipto, Guinea Ecuatorial, Georgia, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Iraq, JapónMéxico, Mianmar, Paraguay, Sudán, Suecia, Uganda, Reino Unido, Zambia y Zimbawe.

Conocida esta noticia, el presidente, Álvaro Uribe, exclamó: “Esta determinación de la OIT es el fruto de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno Nacional en materia de seguridad para los trabajadores en el país”.

Gran parte de estos esfuerzos se recoge en un documento de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Justicia. En el 2002 estaban amparadas por medidas de protección 4.857 personas, de las cuales un 32 por ciento eran sindicalistas. En el 2007 el número de protegidos fue de 9.444, correspondiendo a los sindicalistas el 21 por ciento.

El costo de esa protección para los sindicatos pasó de 14.704 a 22.577 millones de pesos. Adicionalmente, se han capacitado en medidas de seguridad a 379 líderes sindicales en nueve departamentos.

A finales del 2007 se tenían asignados 461 escoltas, armados con 297 pistolas, 164 revólveres y 76 armas de apoyo. Al momento de elaborar el informe oficial se tenían datos de 14 sindicalistas asesinados en el 2008, pero, dice el Gobierno, “ninguno estaba vinculado al programa de protección del Ministerio del Interior y Justicia, ni habían presentado solicitud de protección”.

¿Al banquillo?

Con el no retorno a la lista negra de la OIT cobra por ventanilla el Gobierno los dividendos políticos. Siendo una noticia positiva, cabría esperar que los sindicatos y todo el país hicieran lo mismo.

Sin embargo, el movimiento sindical prefirió pasar su factura apoyado en otro hecho derivado de la misma Conferencia Internacional del Trabajo: El 3 de junio, con salón lleno hasta las banderas y sillas adicionales por fuera del recinto, “compareció el Gobierno de Colombia ante una sesión especial de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, para explicar el estado de las libertades sindicales, la violencia contra los sindicalistas y la lucha contra la impunidad”, según reza un comunicado firmado por Carlos Rodríguez Díaz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Julio Roberto Gómez, secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT); y Apecides Alviz Fernández, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).

Norberto Ríos, director (e) de la Escuela Nacional Sindical, anota que todo país busca no ser llamado a esa comisión, porque ello demuestra que hay serios indicios de violación a las libertades sindicales. Así mismo, advierte que cuando el Gobierno de Colombia vio que iba a ser llamado pidió ser escuchado en esa Comisión, como una muestra de la transparencia con la que maneja el tema sindical.

Los sindicatos opositores al Gobierno y al TLC se llevan aquí un punto político, porque sienten que sus denuncias y presiones tienen un valioso eco internacional. Entre sus argumentos están los 2.669 sindicalistas asesinados y los 193 desaparecidos en los últimos 22 años, incluyendo los 26 asesinados y los 4 desaparecidos en los cinco primeros meses de este año; amén de la impunidad en el 97 por ciento de los casos.

Ahora los sindicalistas esperan que en la plenaria de la Conferencia Internacional del Trabajo se acojan recomendaciones que les presentamos en el recuadro.

Tareas para Colombia, según la OIT

Según la CUT, la CTC y la CGT, las conclusiones acordadas en la Comisión de Aplicación de

Normas de la OIT apuntan a lo siguiente:

La preocupación por el incremento de la violencia contra los sindicalistas en lo que va corrido del 2008 e instan al Gobierno a reforzar la protección y a realizar rápidas y eficaces investigaciones.

Se pide el incremento del número de jueces especializados que se dedique a conocer de estos casos.
Mediante un diálogo social efectivo, buscar medidas para reconocer y garantizar todos los derechos sindicales a los trabajadores y trabajadoras del sector público.

Abordar el tema de las Cooperativas de Trabajo Asociado y de los demás contratos basura, que generan empleo precario.

Modificar la reglamentación del Registro sindical para que cese la indebida intervención de la administración en la autonomía sindical.

Culminar la reforma anunciada para adecuar la noción de servicios públicos esenciales a los estándares de la OIT y no restringir abusivamente el derecho de huelga.

Realizar la reforma de las inspecciones del trabajo.

Terminar de adecuar la legislación y las prácticas nacionales a los Convenios 87 y 98.

Al Consejo de Administración se le pidió fortalecer la Representación Permanente de la OIT en Colombia y al Gobierno que, conjuntamente con las organizaciones empresariales y con las centrales obreras, presente una memoria sobre el cumplimiento de estas recomendaciones.

La opinión

Álvaro Uribe Vélez, “Cuando empezó nuestro Gobierno habíamos vivido años en los cuales en Colombia, entre maestros y líderes sindicales, se asesinaban 256, y periodistas, 15. Los esfuerzos no han sido en vano. Este año, por ejemplo, no han asesinado un solo periodista. Se han presentado dos casos de líderes sindicales y 9 de maestros. Uno de los primeros corresponde a un sindicalista del Inpec y no hay pruebas de que la muerte se deba a su labor sindical”.

“Para enfrentar la falta de justicia, la Comisión de Aplicación de Normas de la OITle pide al Gobierno que incremente el número de jueces especializados que se dediquen a conocer de estos casos, pues los tres que existen resultan insuficientes para enfrentar el reto de los 2.669 sindicalistas asesinados y de los 193 desaparecidos en los últimos 22 años, incluyendo los 26 asesinados y los 4 desaparecidos en los cinco primeros meses de este año”.