“Vamos a desenmascarar a las FARC ”, dice convencido Olivio Saldaña, un hombre que se adhirió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando era adolescente y hoy cumple condena en la cárcel La Picota de Bogotá por secuestros, extorsiones y homicidios.

Saldaña es uno de los 650 guerrilleros —de los 1.700 que están en prisión— que se declaran en rebeldía: según Saldaña, piensan “salir al paso” del intercambio humanitario que plantea el canje de secuestrados políticos en manos del grupo guerrillero por insurgentes. Se han organizado en un movimiento, al que han llamado Manos por la Paz..

Para oficializarlo, han puesto su firma y su huella en un formulario mediante el cual renuncian a la militancia política y armada de las FARC y autorizan a Luduine Zumpolle —una ciudadana holandesa ex directora de la ONG Pax Christi— a tramitar ante el Gobierno su desmovilización. No quieren ser sujetos de canje, porque no quieren regresar a las filas guerrilleras.

“A las FARC no les importan sus hombres”, dijo a este periódico Saldaña, durante una charla en un patio del pabellón de alta seguridad de la prisión capitalina. “A los comandantes [de la guerrilla] sólo les importa el show mediático, vender el discurso del intercambio internacionalmente para ganarse el estatus de beligerancia política”, explica.

Uso del narcotráfico

Cuando Saldaña fue capturado, en 2004, pensaba desertar; había llegado al punto que las FARC califican de “desmoralización insuperable”; entre otras cosas, se oponía al uso del narcotráfico, porque “es un método de financiación alejado de los principios revolucionarios”.

Ahora, Manos por la Paz se alimenta del desencanto que sienten los combatientes desde el momento en que entran en la cárcel. La guerrilla los deja solos, sin abogados y sin soporte económico. “¿No es verdad?”, intenta corroborar Saldaña interrogando al funcionario penitenciario que vigila la conversación, mientras cuenta que los guerrilleros a veces tienen que vender el pan del desayuno para poder hacer una llamada telefónica a la familia o comprar papel higiénico. Un abogado defensor de presos políticos confirma estos extremos.

Con todo, su actitud ya se ha hecho merecedora de un regalo del Gobierno: quedarán cobijados por la Ley de Justicia y Paz —creada para desmovilizaciones masivas, como la de los paramilitares—, con penas máximas de ocho años incluso para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. A cambio, como exige la ley, los insurgentes arrepentidos deben estar dispuestos a contar la verdad sobre las organizaciones, empresas y políticos que han respaldado la lucha de esta vieja guerrilla.

Según la justicia ordinaria, Saldaña podría pasar el resto de su vida en prisión por sus delitos.

Nuevo capítulo polémico

Sus declaraciones prometen escribir un nuevo capítulo en el escándalo de las FARC, que se une al de la creciente vergüenza de la parapolítica, los vínculos entre políticos y paramilitares.

Todos los integrantes de Manos por la Paz y sus familias han sido declarados traidores y “objetivos militares” por las FARC. A Saldaña lo acusan, además, de haber robado dinero, ya que durante años fue jefe de finanzas de un comando regional.

¿Siente miedo? “Estoy dispuesto a lo que sea…”, responde antes de regresar al patio que comparte con otros 39 guerrilleros, todos de Manos por la Paz.

Para el ex ministro de Defensa Rafael Pardo es “un abuso” y una ilegalidad que los ampare la Ley de Justicia y Paz. ¿Qué han hecho ellos por la paz?, se pregunta. Y califica de “irresponsabilidad política sacar de la cárcel a personas acusadas de terrorismo”, porque su captura y condena, dice, le ha costado demasiado al Estado.

Luduine Zumpolle lo ve de forma distinta: “Sin gastar una bala, (la actitud de los presos rebeldes) ha servido para minar a las FARC por dentro”. Para ella, el movimiento seguirá creciendo: ya hay unos 10 mandos importantes, aunque el resto son guerrilleros rasos. “Es humano y justo que a esa gente, que se ha limitado a cumplir órdenes, se le aplique la ley”, argumenta Zumpolle.

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